I. ESTADO DE LA CUESTIÓN

        Aunque este tipo de fuentes ofrecen una gran información, tan sólo recientemente han comenzado a explotarse tras los trabajos de J. L. Tellechea Idígoras en "El formulario de visita pastoral de Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo"[1], junto con La reforma tridentina en San Sebastián. El Libro de Mandatos de Visitas de la parroquia de San Vicente (1540-1672)[2], y de Cobos Ruíz de Adana en "El clero en el siglo XVII. Estudio de una visita secreta a la ciudad de Córdoba"[3]. Posteriormente la profesora M. L. Candau Chacón sistematizó la información que puede ofrecer este tipo de documentación en "Los libros de visita parroquiales como fuente de estudio del clero rural".[4] Por su parte Arturo Morgado García  hizo también una alusión a las visitas pastorales de la Diócesis de Cádiz, pero limitándose exclusivamente a los aspectos referentes al estado moral del clero.[5] Hay que destacar al mismo tiempo a Ll. G. Nualart i Labarta, en "Les visites pastorals de l´arquebisbe de Tarragona a Valls a la darreria del segle XVIII",[6]  a Jordi Rius Jové  en "Las visitas pastorales en la parroquia de Picamoixons (Alt Camp) a finales del Antiguo Régimen (1773-1790)"[7] y a J. M. García Añoveros con "Visitas pastorales en la Diócesis del reino de Guatemala, (1572-1591)",[8]  En el ámbito extremeño hay que mencionar a Eladio Méndez Venegas, archivero del Arzobispado de Mérida-Badajoz, que ha publicado dos artículos relacionados con esta temática. En el primero, titulado "Aportación documental sobre Mérida a finales del siglo XV. Una visita de la Orden de Santiago",[9]  el autor da a conocer dicho documento en el que se proporcionan muchos detalles sobre esa localidad; en el segundo "Arte en la Colegiata de Zafra, según datos de la visita apostólica de 1652 y posteriores",[10] se analiza las distintas dependencias de la iglesia Colegial  desde el punto de vista artístico.

        En cuanto a las fuentes inéditas he estudiado en el Archivo del Arzobispado de Mérida-Badajoz (AAMB) 42 actas de  visitas recopiladas en el legajo 15, bajo el título de Actas de Santa Visita, comprendidas entre los números 8 y 49,  y los años 1828 y 1830.[11]. He completado dicho estudio con las visitas, efectuadas en la localidad de Torre de Miguel Sesmero en 1817 y 1829. Ambas  se encuentran recopiladas en el legajo bajo la denominación de Papeles sueltos del Archivo Parroquial de dicha localidad (APTMS).

        II. INTRODUCCIÓN

        Las visitas pastorales o canónicas respondían a una antigua costumbre iniciada en la Iglesia oriental en el siglo IV y ya presente en la Iglesia hispana a comienzos del siglo VI. En la Edad Antigua (época apocalíptica y patrística), los concilios legislaron sobre su obligatoriedad y establecieron formularios, y en algunos de los medievales fijaron una perioricidad anual, -que luego se iría dilatando-, y la norma de que el visitador recibiera un estipendio por parte de la iglesia visitada. Pero en la Baja Edad Media, hasta el siglo XV exclusive, se apreció una decadencia que obedeció a diversas causas: disminución de la potestad jurisdiccional de los obispos sufragáneos por el abuso de la autoridad de los metropolitanos, usurpación del derecho de visita por el arcediano, conflictos bélicos, inseguridad de comunicaciones, miseria de los poblaciones, etc. Pero en el siglo XV, a consecuencia de las reformas emprendidas por los Concilios de Constanza (1414), Basilea (1431) y Florencia (1438), experimentaron un resurgimiento que culminó con el Concilio de Trento (1545-1563), regulador de su práctica, que con altibajos se fue imponiendo en adelante.

        La función de vigilancia o inspección administrativa que se desarrollaban en las visitas pastorales, eran competencia generalmente del Obispo u otro ordinario del lugar, que la llevaba a cabo personalmente o por medio de un delegado o vicario foráneo. En el clero regular los superiores mayores realizaban también la visita canónica, aunque dentro del ámbito que les era propio: casas y personas bajo su jurisdicción ordinaria.[12] También estaban obligados a  hacerla los superiores de las Órdenes Militares, aunque siempre delegando en un comendador y un eclesiástico. Éstas eran minuciosas, nada de lo perteneciente a la administración eclesiástica o civil se quedaba sin ver, bien fueran iglesias, ermitas, cofradías, capellanías, obras pías, memorias de misas, ornamentos, hospitales y conventos, etc. e igualmente ocurría en el aspecto civil, examinándose los concejos, ayuntamientos, bienes pertenecientes a la mesa maestral, las encomiendas, las fortalezas e incluso los hombres de armas para saber si tenían pertrechos propios de su oficio y dispuestos siempre a servir al rey, si éste necesitaba de sus servicios.[13]

        El objetivo de las visitas era doble: por un lado estaba el real: que abarcaba el conjunto de bienes y su administración, como era la comprobación de rentas, revisión de cuentas, estado material de los templos, utensilios, libros y ornamentos de culto, situación de los beneficios y sus bienes, de las propiedades, etc.; y por otro el personal, que comprendía tanto a los eclesiásticos, especialmente en cuanto al cumplimiento de sus deberes clericales, como a laicos al servicio de la iglesia, y en general la detección y consiguiente corrección de eventuales irregularidades, abusos, errores, escándalos o desórdenes.

        En muchos archivos parroquiales las actas de visita han desaparecido, si bien pueden encontrarse referencias en los archivos diocesanos, como en el Archivo del Arzobispado de Mérida-Badajoz, en el que se encuentran recopiladas las relativas a  un total de 26 localidades, que suponían aproximadamente un 56% del total de la antigua jurisdicción del Obispado de Badajoz.[14] Todas están encuadradas cronológicamente durante el episcopado de D. Mateo Delgado Moreno.[15]

        Las visitas fueron efectuadas por el licenciado D. Marcelino Navarro, canónigo de la iglesia catedral de Badajoz, examinador sinodal y visitador general de la Diócesis, en nombre del Obispo D. Mateo Delgado, salvo la de 1817, correspondiente a la localidad de Torre de Miguel Sesmero, que la realizó el propio prelado.

        III. VISITAS PASTORALES

        La documentación estudiada se puede dividir en dos grandes bloques. En el primero, encuadrado bajo la denominación de "Actas de Santa Visita", se ofrece una abundante información sobre distintos aspectos: estamento eclesiástico, relación de iglesias, ermitas, capillas, oratorios, conventos, hospitales, etc., así como todo lo relativo a las diversas fundaciones instituidas en cada iglesia.  El segundo bloque, bajo la denominación  de "información sumaria y secreta",  se fijaba fundamentalmente en el aspecto moral del clero, haciendo hincapié en el grado de cumplimiento de sus deberes clericales.

        1. Actas de Santa Visita

        Las "actas de Santa Visita" comenzaban con un auto, estereotipado para todos los pueblos de la Diócesis de Badajoz,  en el que se anunciaba que se iba a realizar la visita pastoral en un determinado lugar. Después se nombraban la parroquias y los días fijados para llevarlas a cabo, convocándose al unísono al estamento eclesiástico, a los alcaldes, ayuntamientos, colectores, mayordomos de fábricas, albaceas testamentarios, poseedores de vínculos, etc. Dicho auto terminaba con las rúbricas del visitador general y del notario D. Diego Arteaga y Torrado. A continuación, y después de efectuar una diligencia de oficio, se completaban minuciosamente los distintos apartados que componían las actas. Por regla general se observa  la misma estructura en toda la documentación, salvo en las actas de: Jerez de los Caballeros, donde el objeto de la visita fue exclusivamente los tres conventos de filiación del obispo, existentes en dicha localidad (De la Consolación, Nuestra Señora de Gracia y De la Santísima Trinidad). En la villa de La Codosera D. Marcelino Navarro se centró en la fábrica de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad cuyas cuentas, una vez realizada la correspondiente revisión,  las tildó de "vastante defectuosas e incapaces de total aprobación decisiva".[16] Y por último en la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria de Torre de Miguel Sesmero, el mismo prelado, en 1817, efectuó la visita solamente de las fundaciones instituidas en dicha iglesia: capellanías, vínculos y obras pías.[17]

        Todos los expedientes estaban datados entre 1817 y 1833. Sin embargo, fueron los año de 1831 y 1832 donde se observaron un mayor porcentaje de visitas. Salvo algunas excepciones, los meses más usuales para la realización de las mismas abarcaron desde abril hasta septiembre, y se emplearon para su ejecución desde dos días, por ejemplo, en la localidad de Villalba de los Barros hasta tres meses en Olivenza y Zafra. Durante ese período de tiempo se iban reflejando todos los pormenores  comentados anteriormente.

        Se comenzaba con una relación detallada de los individuos que componían el estamento eclesiástico de las distintas localidades. Se especificaba para ello el nombre, los dos apellidos y la orden que profesaba en el momento de efectuarse la inspección. La relación  se establecía por parroquias. Sobre este particular hay que hacer dos salvedades: en las actas de Olivenza solamente se reflejó el clero correspondiente a sus dos iglesias, sin aparecer los miembros adscritos a las  de sus cinco aldeas; mientras que en el acta de Jerez de los Caballeros  salió sólo a colación la elección de abadesa y oficialas en el convento de la Santísima Trinidad. En la documentación predomina fundamentalmente el bajo clero secular,[18] -con excepción de los componentes del cabildo de la iglesia Colegial de Zafra-,[19] mientras que el clero regular prácticamente no se mencionaba. El acta de Zafra arrojaba un total de 39 individuos.[20] Mientras que la estadística de estamento eclesiástico correspondiente a las restantes poblaciones de estudio, ascendía a un total de 261 sujetos.[21]

        Una vez concluido este punto comenzaba la visita propiamente dicha en la parroquia. Esta era prioritaria porque a la parroquia se la consideraba como la primera unidad institucional y jurisdiccional.  Las actas arrojaron un total de 30 parroquias,[22] siendo la tónica general una por población, salvo los casos de Fregenal de la Sierra con tres y las localidades de Alburquerque, Barcarrota y Olivenza con dos parroquias respectivamente.  La excepción era  la iglesia de Zafra que tuvo categoría de Colegiata desde el año 1609 hasta el Concordato de 1851, por el que de nuevo adquirió su antigua condición de parroquia bajo la advocación de Santa María Candelaria.[23]

        La inspección efectuada en las parroquias consistió fundamentalmente en la revisión de "sagrarios, pila bautismal, provisión de ánimas y reconocimiento de altares, imágenes y aras, sacristía, vasos sagrados, alhajas de plata, ropas y demás efectos, incluso el archivo"[24]. Según certificación del notario las parroquias se encontraron por lo general "con el mayor arreglo y aseo", tan sólo se hicieron algunas apreciaciones en la de Santa Marta de Salvaleón "notándose la falta de capa negra y la necesidad de misales con la de encuadernar algunos de los que tiene"[25];  en la  de la Roca de la Sierra "en la que se halló todo con la mayor miseria"[26], haciéndose esto también extensivo a la iglesia de la aldea de Santo Domingo, dentro de la jurisdicción de la vicaría de Olivenza.

        A continuación el visitador se centraba en las capillas, ermitas y oratorios o lugares destinados para la oración a Dios. Las capillas contabilizadas ascendían a quince, cinco de ellas en despoblados -denominadas en la documentación con el término de "rurales"-[27]. Nada de particular se especificó sobre ninguna de ellas.

        Por otro lado, las ermitas contabilizadas fueron 38[28], tres de ellas rurales y tres extramuros de las poblaciones de Barcarrota, Feria, Santa Marta y Zafra. Casi todas  se hallaron, según el visitador, en actitud para celebrar el santo sacrificio de la misa, a excepción de dos en Alburquerque "por hallarse ocupado por las tropas"[29], las dos de Talavera la Real, una en Salvatierra de los Barros y una en Santa Marta, todas ellas porque se encontraban  en ruina. En cuanto a  los siete oratorios que se mencionaron en las actas correspondían todos a la localidad de Fregenal de la Sierra.[30]

        La relación de conventos que salieron a relucir en los expedientes fue muy exigua. Sólo fueron visitados los siguientes conventos femeninos: Nuestra Señora de la Anunciación (Alburquerque), el de Carmelitas (Talavera la Real), Nuestra Señora de la Concepción (Valencia del Ventoso), Carmelitas (Zafra) y los tres conventos mencionados de religiosas situados en Jerez de los Caballeros (Consolación, Nuestra Señora de Gracia y Santísima Trinidad). Los aspectos tratados en las visitas iban relacionados tanto a lo sacramental como a la clausura del cenobio. En el último convento mencionado es donde se llevó a cabo una inspección más pormenorizada, ya que en él se revisaron las cuentas, la clausura, la iglesia y además se efectuó la elección de abadesa y oficialas. De entre estos aspectos se apreció "algunas faltas en la clausura que no se pueden remediar de presente por la mucha pobreza de dicho convento".[31]

        Nada de particular se mencionó sobre los hospitales visitados: Del Espíritu Santo (Alburquerque), con esta misma denominación el de la Puebla del Maestre y Salvatierra de los Barros, el de la Misericordia (Olivenza) y los tres de Zafra (San Ildefonso, Santiago y San Miguel). También hay que destacar el de San Blas en Fregenal de la Sierra y el de la Misericordia en Torre de Miguel Sesmero.

        En todos los tiempos la Iglesia ha dado disposiciones, bien con carácter general o con carácter particular, para que se cumplieran las cargas y últimas voluntades de los fundadores. Asimismo lo habían repetido los sínodos diocesanos.[32] El Concilio de Trento exponía en la sesión 22 Cap. VIII: "ejecuten todos los obispos todas las disposiciones piadosas aún como legados de la Santa Sede, tanto las hechos por última voluntad como entre vivos". Por diversas circunstancias estas normas no siempre fueron posible cumplirlas, pese al interés que en ello se tomaban los obispos en las respectivas diócesis. Para control de estas fundaciones se creó en las Curias Diocesanas un sección denominada "Colectoría de misas" procurando tener siempre al respecto el contenido del Decreto de Urbano VIII "que no se acumularan demasiadas misas que debían celebrarse en en las iglesias" .[33] Por tanto, las colectorías fueron otro de los aspectos objetos de revisión. En las iglesias el colector era el eclesiástico al que le correspondía recibir las limosnas de las misas para distribuirlas entre los que debían celebrar. La documentación sobre este punto arrojaba un total de 82 colectorías, correspondientes a 20 pueblos, siendo las más usuales las de testamentos, misas perpetuas, capellanías ausentes y vacantes, aniversarios y abintestatos (sin testamento).

        El visitador proseguía con las obras pías, que eran establecimientos piadosos para el culto de Dios o el ejercicio de la caridad cristiana con el prójimo. El número contabilizado fue de 17, correspondientes a siete pueblos, siendo Villagarcía la que ocupaba el primer lugar "con 7- administradas todas por D. José Mata.

        Por el contrario la memoria de misa -obra pía, instituida o fundada por una persona y en la que se conservaba su memoria-, únicamente aparecían reflejadas en las actas de Alburquerque, Barcarrota, Olivenza y Talavera, sumando un total de 18. Las cargas impuestas por los fundadores variaban entre tres y cuarenta y ocho misas rezadas anuales, a un promedio de tres reales cada una. En una de ellas no aparecían cumplidas sus cargas, debiéndose 102 misas desde el año 1813 hasta 1829.

        Las cofradías en la Diócesis de Badajoz respondían por su parte a una variada gama de advocaciones, siendo las más usuales: las del Santísimo Sacramento, Benditas Ánimas, Nuestra Señora del Rosario, San Antonio de Padua, Nuestra Señora de los Dolores, etc. De las cofradías contabilizadas, 4 tenían sus fincas en el Crédito Público (San Pedro en Alconchel, San Benito, Santa Apolonia y la de los pobres en Higuera de Vargas), y una permanecía vacante en Higuera la Real (Nuestra Señora de la Nieves).

        En lo concerniente a las mayordomías, las actas arrojaron un total de 186, de las cuales 24 pertenecían a las fábricas de iglesias, 148 a cofradías, 2 a patronatos, 7 a hospitales, 2 a ermitas, 2 a colectorías y 1 a la mesa capitular de Zafra.

        Aspecto a destacar en las visitas fueron también los patronatos, vínculos y capellanías. En la documentación se registraron 178 patronatos.[34] En ellos se especificaba el nombre del fundador o fundadora, el nombre del poseedor, las cargas impuestas a dicho patronato y si estaban o no cumplidas en el momento de efectuar la visita.  Predominaban las fundaciones de patronatos efectuadas por hombres. Las cargas impuestas se referían a misas rezadas y cantadas. En ellas se daban dos modalidades: en un porcentaje muy alto se especificaban las misas, y en los demás casos los fundadores invertían sus rentas, bien en misas o bien en dotes para parientes, doncellas, huérfanos o pobres. En lo que respecta a las misas rezadas había una gran oscilación. Abarcaban desde poblaciones como Villar del Rey, donde no se establecían cargas para sus capellanes, hasta carga de 100 misas rezadas anuales en un patronato de Higuera la Real. Las misas cantadas, por el contrario, eran muy reducidas, ya que fluctuaban entre una y cinco misas al año. El coste para cada misa variaba de 2 a 12 reales. En el momento de efectuarse la visita no todos los patronatos tenían cumplidas sus obligaciones. Por una razón u otra, 25 de ellos debían cantidades comprendidas entre 250 y 7.775 reales. Por este motivo el visitador en nombre del obispo les concedía un tiempo determinado para poder solventar dichas cantidades. Si no era así se procedía al embargo de fincas por el colector.

        Por otro lado las vinculaciones[35] existentes fueron más reducidas que los patronatos, en concreto se registraron 164 pertenecientes a 11 poblaciones. En estos vínculos se volvían a especificar el nombre del fundador o fundadora, el nombre del poseedor, las cargas impuestas y si se habían cumplido o no hasta el momento de efectuarse la visita. Al igual que en los patronatos predominaban las fundaciones efectuadas por hombres. Las cargas impuestas oscilaban entre 2 y 150 misas rezadas al año. Esta última cifra correspondía a siete vínculos "todos con igual número de cargas- que poseía D. Juan Lobo de Castro Pimentel, vecino de Extremoz en el Reino de Portugal.[36] Sobre este particular hay que hacer la salvedad de que la villa de Olivenza era la que poseía mayor número de vínculos (un total de 59). De éstos, 43 los poseían ciudadanos portugueses[37]. En lo que respecta a las misas cantadas, se daba una variación entre una y cinco anuales. El coste por misa comprendía entre 2 y 10 reales. En 19 vínculos no se habían cumplido las cargas impuestas por los fundadores, debiéndose incluso en algún caso desde el año 1791. También hay que decir que en algunos vínculos se redujeron las cargas en las últimas visitas practicadas. Por ejemplo, en un vínculo de Olivenza, que tenía una carga de 33 misas rezadas anuales y la asignación de una pensión a unos parientes residentes en Valverde de Leganés, las misas quedaron extinguidas mediante un Real Decreto de S.M. portuguesa en 1775, quedando vigente, sin embargo, la pensión.

        El apartado de fundaciones se completaba  con las capellanías[38]. Éstas eran fundaciones perpetuas por las que una persona segregaba de su patrimonio ciertos bienes (en vida o por testamento) y formaba con ellos un vínculo, es decir, un todo indivisible, destinado a la manutención o congrua sustentación de un clérigo, que se obligaba por ello a celebrar un cierto número de misas por el alma del fundador o de su familia, o a cumplir otras cargas litúrgicas. El hecho de que esta fundaciones se realizasen en una capilla, explica su denominación. Ciñéndonos a una parte de la jurisdicción de la Diócesis de Badajoz, según la documentación consultada, se observa que las capellanías contabilizadas eran muy numerosas. Sumaban un total de 836, sobresaliendo las poblaciones de Zafra (con 210), Fregenal de la Sierra (con 160), Alburquerque (con 98) y Valencia del Ventoso (con 50). De ese total 55 se encontraban vacantes y dos eran servideras: una en el hospital de San Blas de Fregenal y otra fundada por D. García de Silva Figueroa en el convento de San Francisco de Zafra y altar de Nuestra Señora de los Dolores. Las cargas impuestas se pueden resumir en tres apartados: en unas se especificaron la inversión de las rentas líquidas en un número determinado de misas al año, variando el valor impuesto por misas entre 1 y 12. En un alto porcentaje se precisaron las misas rezadas, con un gran abanico de posibilidades (entre 1 y 135 misas anuales), correspondiendo esta última carga a una capellanía de Higuera la Real. Tres reales por misa fue el valor medio establecido. Por el contrario las misas cantadas impuestas fueron más reducidas, al igual que en los patronatos y vínculos. Oscilaban entre y 1 y 48 misas al año. Esta última cifra "correspondiente a una capellanía de Higuera de Vargas- era algo excepcional, ya que el término medio venía a ser de tres a cuatro misas anuales. Hasta 12 reales se llegó a pagar por cada una de ellas.

        No todas las cargas impuestas permanecieron inalterables en el tiempo, ya que en 31 de ellas se redujeron mediante la visita pastoral efectuada en el año 1817. En el total de capellanías, 41  no tenían cumplidas sus cargas, debiéndose en algún caso hasta 18 años (esta situación se dio en una capellanía de Talavera la Real, porque su capellán D. Vicente Cardoso había huido a Portugal).[39] Las capellanías suponían un capítulo de ingresos para parroquias y ermitas, así como para los capellanes de ellas, que habían de contar, al menos con una, para que le sirviera de "congrua sustentación". Sin embargo, sobre este punto se observan algunos casos excepcionales como el del presbítero D. José Liaños de Fregenal de la Sierra que llegó a poseer hasta 29 capellanías; el de D. Antonio María de Carvajal y D. Francisco Gamero que poseían 19 cada uno; el de D. Manuel Sánchez Arjona con 14 y D. José Castañón con 11, etc. En la documentación  también aparecen  reflejadas ciertas personas ilustres que llevaron a cabo fundaciones de capellanías en determinadas parroquias. Sirvan de ejemplo,  D. Pedro Portocarrero[40] en Barcarrota,  D. Juan Carlos Bazán en Fregenal, el arzobispo de Santa Fe Bartolomé Martínez[41] en Torre de Miguel Sesmero y el Cardenal Silíceo[42]  en Villagarcía.

        Las actas concluían con la prórroga de licencias que el visitador general concedía tanto al clero secular como al regular de las distintas poblaciones. Se otorgaron licencias a 183 individuos del clero secular y a 34 religiosos "todos ellos de la orden de San Francisco, de éstos 6 secularizados-. Las licencias conferidas eran las de poder celebrar y predicar misa, y confesar a hombres, mujeres y religiosas, por un período de tiempo comprendido entre dos y seis años, o aplazándose hasta una nueva visita.

        2. Información sumaria y secreta

        El segundo bloque de la documentación   lo conformaban los expedientes, que bajo la denominación de "información sumaria y secreta", perseguían  fundamentalmente el grado de cumplimiento de los deberes clericales de los eclesiásticos adscritos a las  parroquias, así como de los laicos dedicados al servicio de las mismas. Y en general la detección y consiguiente corrección de irregularidades.

        Las dos preocupaciones fundamentales que salieron a relucir en las actas fueron: por un lado la conducta política de los párrocos y  por otro la moral.  El aspecto político se anteponía al moral en la documentación. Sobre este particular no debemos olvidar  que todas las visitas "salvo la de 1817- se realizaron después del Trienio Constitucional (1820-1823) y de la represión eclesiástica que el Tribunal Diocesano de Badajoz llevó a cabo entre 1824 y 1825 contra los eclesiásticos que de alguna manera habían participado en la ideología liberal.[43] En lo que respecta al comportamiento moral se fijaron las declaraciones en diversos aspectos como: el cumplimiento de los divinos oficios, por parte del clero, y demás obligaciones eclesiásticas,  la utilización de los hábitos adecuados a su estado, el no dedicarse a otras actividades, como era el juego, negocios, etc. y por supuesto el no mantener relaciones sospechosas con mujeres.

        Para el conocimiento de estos puntos se procedía  a examinar -bajo juramento- a "los competentes testigos que sean de buena vida, fama y costumbres, cristianos viejos y de toda providad (...) a fin de que manifiesten quanto sepan de la conducta política y moral del párroco y demás eclesiásticos de la villa"[44]. En las actas se han contabilizado 60 testigos. Declararon tres personas por cada población. De éstos, 18 pertenecían al estamento eclesiástico, el resto se lo repartían: alcaldes, regidores, notario, boticario, médico militar, coronel, abogado y 28 vecinos en los que no se especificó profesión alguna.

        En las declaraciones  por regla general solían coincidir los tres testigos, aunque hubo algunas excepciones. Según se desprende de las mismas los eclesiásticos  llevaban una vida ejemplar y adecuada a la institución que representaban. Los informes solían expresarse en los siguientes términos: "los eclesiásticos de esta villa, se conducen bien, sin nota ni escándalo, asistiendo con exactitud a los divinos oficios y respectivas obligaciones eclesiásticas, hallándose todos prontos a la asistencia de sus parroquias en quanto les competía y se les ocupaba; que sus vestidos son modestos y arreglados a su estado, que nos son malquistos, jugadores, ni revolucionarios, no andan de noche de paseo, ni conservan amistades escandalosas con personas del bello sexo"[45] .

        Pero no todas las declaraciones fueron positivas, desde el punto de vista de los encuestados. A cinco eclesiásticos se les imputó "exceso en la bebida". Tan sólo al cura de la parroquia de Nuestra Señora del Soterraño "D. Juan de Villanueva-, se le relacionó con motivaciones políticas y era considerado como "perturbador de la paz en el pueblo"[46]. Sobre el presbítero D. Manuel Claros de Higuera la Real, declararon "que sólo se dedica a tratos y negociaciones, de los que le resulta desatenderse de sus propias obligaciones"[47]. En los casos de D. Andrés Casillas, D. Pedro Bernáldez, D. José Ribero y el diácono D. José Gutiérrez de Salvatierra de los Barros "se advierte falta notable en la asistencia a las conferencias morales semanales" [48]. De otros tres eclesiásticos se notificó sus relaciones amistosas con mujeres, obligando en consecuencia el visitador general a uno de ellos a la realización de ejercicios espirituales y a esperar el dictamen del obispo sobre el particular. De D. Juan Prieto de Villagarcía se le acusó de "la total resistencia e incomodidad que causa y ha causado a los ayuntamientos por no avenirse al pago lexítimo de contribuciones civiles por sus fincas libres y granjería (...) a más se porta con ropa indecentísima por su total derrote y dejadez, que la que gasta es impropia y como de mendigo, con cuyo manejo denigra el Estado"[49]. A D. Antonio Arteaga, presbítero de Higuera de Vargas, le imputaron los testigos que por lo general no era muy bien aceptado por el pueblo, debido a que en una ocasión se negó a ir a buscar a un cadáver, por hallarse un poco distante de la población, a pesar de las súplicas de la familia y la justicia de la villa.

        IV CONCLUSIONES

        En conclusión, se puede afirmar que las visitas pastorales fueron el medio de control por excelencia que los prelados tenían dentro de cada una de sus jurisdicciones, pero no sólo del clero sino también de los fieles. Constituían una buena fuente para el estudio de los aspectos socioeconómicos y del nivel religioso de las comunidades eclesiales. Como se ha podido comprobar, las visitas eran muy minuciosas, nada perteneciente a la administración eclesiástica se quedaba sin ver. Ofrecían una gran cantidad de información, aunque este aspecto había variado mucho con el tiempo en la Diócesis de Badajoz.

        Según se desprende de la información sumaria y secreta de las actas, la mayoría de los eclesiásticos de la Diócesis de Badajoz llevaban una vida ejemplar y adecuada a las instituciones que representaban. Tan sólo a un eclesiástico se le imputaron motivaciones políticas contrarias al absolutismo. Por ello se puede afirmar que todavía se observaba en el clero pacense durante estos años  una mentalidad típica del Antiguo Régimen. El mismo prelado "D. Mateo Delgado Moreno- era una figura relevante en este aspecto, ya que fue un defensor a ultranza del absolutismo monárquico y de las instituciones eclesiásticas tradicionales como la Inquisición, sobre la que pidió en reiteradas ocasiones su restitución.

José Sarmiento Pérez
Doctor en Historia Contemporánea de España por la UNED