Ilustración y liberalismo en la diócesis de Cuenca (1750-1833).

Julián Recuenco Pérez

Doctor en Historia Contemporánea

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid

 A mediados del siglo XVIII, tanto la ciudad de Cuenca como el territorio diocesano que dependía de ella estaba dominado por unos condicionantes políticos, sociales y demográficos que eran propios del siglo XVII. La reacción se había instalado en todas las estancias de poder, hasta el punto de que se trataba de una sociedad anquilosada, anclada aún en el Antiguo Régimen, falta de perspectivas sociales y económicas que permitieran el paso hacia una sociedad al menos preindustrial.

Aunque durante el siglo XVI Cuenca había llegado a ser algo parecido a una metrópoli de la época, con una dicotomía social en la que no faltaban ciertos elementos característicos de un cierto multiculturalismo, sobre todo en el aspecto cultural (en Cuenca habían abierto sus talleres algunos grandes artistas procedentes de Francia, de Italia o de los Países Bajos, al mismo tiempo que algunas familias de comerciantes genoveses se habían instalado en la ciudad del Júcar, al olor de los importantes beneficios que podrían obtener de la ganadería), a partir de la centuria siguiente la ciudad se vería sometida a una crisis aguda. La población de la ciudad empezó también a decaer, sin duda por culpa de las difíciles perspectivas económicas a las cuales estuvo sometida, hasta el punto de que ya no sería posible hacer frente a la caída demográfica hasta bien entrado el siglo XIX.

La Iglesia conquense, como no podía ser de otra forma, se vio también sometida a esa difícil perspectiva de la sociedad en su conjunto, anclada ya en un pasado que por entonces, avanzado ya el siglo de las luces, era más propio del siglo de oro. Se trataba en general de una iglesia reaccionaria, oscura y en gran parte supersticiosa, y basada demasiado en la conciencia como clase privilegiada. No obstante, y como no podía ser menos tratándose de un periodo tan contradictorio como éste, en el cual se están ya sentando las bases de una nueva sociedad, también la Iglesia conquense se vio sometida a cierto juego de tensiones entre el Antiguo Régimen y el movimiento ilustrado. Cuenca era en este momento una diócesis empobrecida de interior, es cierto, pero no faltaron entre sus miembros algunos representantes de esa nueva ideología, la Ilustración, que en ese momento estaba poniendo las bases de la sociedad nueva.

Después, cuando la sociedad empezaba por fin a enfrentarse más abiertamente con los elementos eclesiásticos por medio del liberalismo, también en Cuenca se dio la existencia de algunos elementos eclesiásticos que defendían las tesis liberales que, desde luego, contradecía lo que siempre se ha dicho de Cuenca como una ciudad conventual y demasiado monolítica, anclada en las tesis más reaccionarias. En gran parte, la tradición que nos habla de una Cuenca arcaica, sometida a los designios de una Iglesia primitiva y anticuada, es cierta; pero junto a esa tradición no hay que olvidar que existía también una Iglesia renovada, que veía bien los avances sociales propugnados primero por la Ilustración y más tarde por el primer liberalismo.

1.- La Ilustración

            Uno de los más firmes apoyos con los que pudo contar el despotismo ilustrado para llegar a conseguir sus proyectos económicos y políticos fue el de las llamadas sociedades económicas de amigos del país, que a semejanza de la homónima sociedad vascongada que se había constituido en 1764, se fueron después creando en muchas ciudades de España. También en Cuenca se aprobó una sociedad de estas características en 1782, siendo sus constituciones aprobadas poco tiempo después por el rey Carlos III, tras un informe favorable de la sociedad hermana de Madrid. Desde luego, la importancia que la Iglesia conquense tuvo dentro del conjunto de esta sociedad, de la que formaban parte tanto elementos eclesiásticos como laicos, no puede dejarse de lado, sobre todo si se tiene en cuenta la figura de su más importante valedor, el arcediano de Cuenca, después prelado de la diócesis, Antonio Palafox. Junto a la figura de este ilustrado, del que hablaré más profundamente en los párrafos siguientes, hay que destacar también, dentro del mismo estamento eclesiástico, la figura de Joaquín Quintana, tesorero de la catedral y censor de la propia sociedad, y de algún elemento más que, como ellos, procedía de este estamento de la sociedad.

Hay que tener en cuenta también la actuación ilustrada de algunos de los últimos obispos conquenses del siglo XVIII, José Flórez Osorio y Sebastián Flores Pabón. Flórez Osorio (1737-1759), además de ordenar la construcción del edificio actual del seminario, gastó abundantes sumas de dinero en la edificación de algunas construcciones de carácter religioso, no solo parroquiales, sino también algunos hospitales y conventos. Por su parte, Flores Pabón (1771-1777) inició la obra de la Casa de Recogidas, o de la Beneficencia, que terminaría a su muerte el todavía arcediano de Cuenca, Antonio Palafox.

Pero sin duda, la figura más importante de la Ilustración conquense fue el obispo Antonio Palafox y Croy, que había nacido en Madrid en 1740 en el seno de una de las grandes familias aristocráticas de la Corte, la de los marqueses de Ariza. Sobre su educación, José Torres Mena dice que realizó los primeros estudios mayores en Valencia, terminándolos más tarde en Roma bajo la dirección de su tío, el cardenal de Gante, siendo nombrado monseñor por el Papa Clemente XIII[1]. Durante su estancia en Valencia coincidió con la corriente jansenista e ilustrada que se había empezado a desarrollar ya por entonces en la capital levantina, y en la cual destacó la figura de Gregorio Mayans. Vuelto a España, fue nombrado el 22 de diciembre de 1762 arcediano titular de la diócesis conquense, y canónigo tres años más tarde. Obtuvo durante su carrera eclesiástica en la ciudad del Júcar nuevos beneficios, incluida la Gran Cruz de Carlos III.

Sobre su labor ilustrada en Cuenca destaca su colaboración en la construcción de la Casa de Recogidas, que había iniciado en 1776 el entonces obispo, Sebastián Flórez Osorio, y que a su fallecimiento terminó, tres años después, el propio arcediano[2]. Pero su labor no terminó ahí: protegió la industria y la economía, de modo que Troitiño Vinuesa lo considera el motor indiscutible que posibilitó un mínimo desarrollo de ambos aspectos en una ciudad que ya estaba irremediablemente sumida en la crisis. Así, en 1774, traído por él, llegó a Cuenca el valenciano Gaspar Carrión, maestro mayor de seda de la ciudad de Murcia, para establecer aquí la enseñanza y la práctica de un nuevo tipo de industria textil[3].  Para la creación de esta nueva fábrica el arcediano contribuyó además con la donación de trescientos mil reales de su propio peculio personal, y otros cien mil provenientes de expolios y vacantes[4]. A todo ello hay que añadir además sus fundaciones en beneficio de la educación infantil, en colaboración con la Sociedad Económica de Amigos del País[5].

Antonio Palafox fue propuesto para la silla episcopal de Cuenca el 6 de julio de 1800, y aunque fue preconizado el 20 de octubre, no entró en el gobierno de la diócesis hasta cuatro meses más tarde[6], cuando en algunos sectores de la sociedad española estaba ya empezando a triunfar la reacción ultramontana[7]. Desde el mes de junio anterior se encontraba ya en la ciudad, invitado ex profeso por el propio Palafox, el jesuita Lorenzo Hervás y Panduro, quien empezó a ordenar la biblioteca del Seminario, y reconoció los archivos catedralicio y municipal. Sin embargo, una carta enviada en octubre de aquel mismo año al Secretario de Estado Mariano Luis de Urquijo por el conde de Cervera, regidor decano del municipio, en la que puede apreciarse claramente el recelo que algunos sectores de la sociedad seguían mostrando hacia los jesuitas, obligó al ilustrado de Horcajo de Santiago a abandonar la ciudad y regresar otra vez a su pueblo natal, en la Mancha conquense[8]. El 24 de noviembre de 1800 el propio Urquijo remitía  una carta al gobernador del Consejo de Castilla, en la que se hacía eco de los temores del Conde de Cervera[9].

Sus ideas ilustradas las llevó el prelado además a las páginas impresas. Con el fin de contribuir a la formación religiosa, moral, y también intelectual de sus diocesanos, publicó un pequeño libro, titulado Libro de la urbanidad y cortesía para enseñar a silabear y a leer a los niños de la ciudad de Cuenca y su obispado, que fue impreso en la imprenta de Antonio de La Madrid. Planteado como una serie de ejercicios de lectura, dedica la primera parte al estudio y comprensión del abecedario, dando también importancia a todas las reglas que entonces se llamaban de las buenas costumbres: la religión, la cortesía con los padres y los profesores, el aseo del cuerpo, y la prudencia.[10]

En este período estuvo muy vinculado a la tertulia ilustrada que en Madrid mantenía su propia cuñada, la condesa de Montijo, a la cual asistían también, entre otros sacerdotes, Antonio Tavira, obispo de Salamanca, y José Yeregui, preceptor de los infantes[11]. En sus pastorales se mostraba bastante duro con aquellos ministros de la Iglesia que, de pobre instrucción, se desentendían de los problemas sociales de sus feligreses. Aunque su etapa como obispo fue muy breve, falleció el 9 de diciembre de 1802, todavía le dio tiempo a mostrar una vez más su manera de pensar, muy cercana incluso al jansenismo, en el proceso incoado contra María Isabel Herraiz, la llamada “beata de Villar del Águila”[12].

Sin embargo, su muerte impidió que algunos de sus proyectos pudieran convertirse en realidad. Entre esos proyectos, y por lo que a la educación se refiere, figura la construcción, junto al seminario conciliar, de una casa adjunta en la cual se impartirían actividades formativas para el clero de la diócesis. También pensaba ensanchar la calle de subida hacia el propio seminario, con el fin de que su fachada pudiera ser vista desde los arcos del ayuntamiento, y del mismo modo, pretendía derribar la manzana de casas que aún separan las calles Colmillo y Clavel, y a ésta a su vez de la Plaza Mayor, formando de esta forma una gran plaza en la que se inscribieran los tres grandes edificios conquenses: catedral, ayuntamiento y palacio episcopal. Finalmente, otro de sus proyectos que nunca dejaron de serlo fue el arreglo  del complejo urbano formado desde el puente de la Trinidad hasta la Plaza Mayor, que en aquellos años se encontraba en un estado lamentable[13].

            El obispo Palafox se vio afectado por el enfrentamiento álgido entre el Gobierno y los jansenistas, que se produjo a finales del siglo XVIII, tras la llegada de Mariano Urquijo a la Secretaría de Estado y el posterior conflicto con la Santa Sede, que provocó la destitución de éste en 1799 y la publicación en España de la bula Auctores Fidei, que había sido firmada por el Papa Pío VI el 28 de agosto de 1794, y por la que se condenaban las ochenta y cinco proposiciones del sínodo de Pistoya. En 1801 se inició el proceso al prelado conquense, que tuvo que archivarse por falta de pruebas, como lo hace constar en sus memorias uno de sus amigos de aquella época, el futuro diputado a Cortes Joaquín Lorenzo Villanueva[14].

La figura de Juan Antonio Rodrigálvarez, natural de Sigüenza (Guadalajara), estará siempre ligada en la historia de la Ilustración a la del obispo Palafox. Según Jean Sarrailh, junto a él asistía asiduamente a la tertulia de la condesa de Montijo, amiga de Jovellanos y, como he señalado anteriormente, cuñada además del prelado conquense, y que fue uno de los focos más activos del jansenismo a finales de la centuria[15]. Cuando en 1800 Palafox fue propuesto por el Secretario de Estado Urquijo obispo de Cuenca, Rodrigálvarez fue nombrado sucesor suyo en el arcedianato; según consta en el expediente correspondiente a su nombramiento, fue presentado a este puesto por el propio rey Carlos IV  el 1 de marzo de 1801, tomando posesión del mismo en el cabildo correspondiente al día 28 de marzo de ese año[16].

Más tarde, en 1808, fue uno de los componentes más destacados de la Junta Suprema de Cuenca, junto al propio obispo, Ramón Falcón y Salcedo, al intendente Ramón Gundín de Figueroa, al corregidor Baltasar Fernández, y a un grupo de empresarios y secretarios de la provincia. Se trata de la misma persona que, según Elena Sánchez de Madariaga, había publicado en 1785, con carácter bastante crítico, el Tratado Histórico-Canónico de las Cofradías de Christianos, donde se declara su origen, progresos, abusos,...[17]. Su ideología ya le había causado algunos problemas en 1797, cuando era canónigo en el cabildo de San Isidro, en Madrid[18].Entre los papeles sueltos del Archivo de la Inquisición de Cuenca se puede encontrar una pequeña carta, fechada en 1816, que no es otra cosa que la notificación de que en la librería particular de este ilustrado se encontraban algunos libros prohibidos por la Inquisición[19].

            Junto a la figura de estos dos eclesiásticos se pueden destacar en este periodo algunos otros religiosos destacados por su pensamiento ideológico, cercano a la filosofía de los ilustrados. Del mismo círculo jansenista que Palafox y Rodrigálvarez, Enrique de la Lama Cereceda, en su estudio preliminar a la edición crítica que realizó de los “Discursos sobre el orden de procesar en los tribunales de la Inquisición”, de Juan Antonio Llorente[20], cita a dos religiosos procedentes de la diócesis de Cuenca, Ramón Cabrera y Juan Crisóstomo Ramírez Almanzón. El primero era profesor de Teología y Cánones, canónigo de la iglesia de Olivares, y visitador y fiscal diocesano de la diócesis de Cuenca; el segundo, bibliotecario de la Real Academia Española y catedrático de Disciplina Eclesiástica en el seminario conquense. Ambos fueron además miembros de la Junta del Fuero Juzgo y de la relación de eclesiásticos que en 1782 realizó el nuevo inquisidor general, Manuel Abbad y Lasierra, para estudiar la reforma de dicho tribunal eclesiástico.

No son los únicos ilustrados que se pueden citar. También hay otros de menor relevancia histórica, pero dignos también de ser tomados en cuenta. Ya a principios del siglo XVIII, los presbíteros José Pérez Escobosa, párroco de Motilla del Palancar,  y Juan Lucas del Pozo, de Almodóvar del Pinar, fundaron en sus respectivas poblaciones sendos colegios de primeras letras. Y según Adelo Cárcel Ramos, autor de un trabajo inédito sobre el clero de la diócesis de Cuenca en los siglos XIX y XX, una de cuyas copias manuscritas se encuentran en el Archivo Diocesano de Cuenca, Antonio Posada Rubín de Celis, quien en los años del Trienio Liberal fue nombrado obispo de Cartagena-Murcia, fue en los años finales del siglo XVIII canónigo de Cuenca, antes de que en 1796 fuera destinado como abad a la colegiata de Villafranca del Bierzo.

Por su parte, Felipe Manuel Montón, catedrático del seminario conciliar, es autor de un libro titulado Paz y alianza entre los deberes de la Sociedad y de la Religión, que fue publicado en Cuenca en 1803. El proceso que el obispo Palafox mandó abrir contra Isabel Herraiz, la llamada “beata de Villar del Águila”, movió al presbítero Vicente Navarro, que entonces se hallaba destinado en el oratorio de San Felipe Neri de la capital conquense, y que después sería nombrado capellán de honor, a realizar un opúsculo en contra de la defensa que algunos clérigos y frailes habían hecho de la acusada. También era oriundo de la capital de la diócesis Juan Manuel Girón, religioso, doctor por la universidad parisina de La Sorbona y traductor al español de diversos libros ilustrados.

            También hay que nombrar aquí a algunos religiosos que, si bien nacieron dentro de los límites de la diócesis conquense, llegaron a ocupar algunos puestos de importancia en otras diócesis lejanas, o realizaron casi toda su actividad científica e ilustrada fuera de los límites diocesanos. De entre ellos cabe destacar la figura de Lorenzo Hervás y Panduro, jesuita que había nacido en Horcajo de Santiago, ilustrado a pesar de que como jesuita sufrió los designios de la Ilustración en forma de doble exilio; poco es lo que queda por decir de este ilustre manchego.

            De Villanueva de la Jara procedía la familia de los Clemente de Arostegui; de entre los diferentes miembros de este linaje destacó Alfonso Clemente de Arostegui, canónigo de Cuenca y catedrático en el colegio de San Ildefonso de Madrid, quien llegó a ocupar importantes cargos políticos y religiosos en los Estados Pontificios. Su hermano, Pedro Clemente de Arostegui, fue tesorero de la catedral de Toledo y provisor de la diócesis durante el episcopado de infante don Luis de Borbón. Más tarde sería nombrado obispo de Larisa y, después de haber renunciado al episcopado de Ciudad Rodrigo, prelado de Osma hasta su fallecimiento, acaecido en 1760. También en Villanueva de la Jara había nacido Francisco Valero y Losa, quien llegará a ocupar la cátedra metropolitana de Toledo en la primera mitad del siglo XVIII.

Fray Julián de Gascueña nació en este pueblo alcarreño en 1717. Tomó el habitó franciscano en el convento que su orden tenía en Priego, y más tarde fue profesor en los conventos de Cuenca, Priego y Auñón. Procurador de la orden en Roma, fue promovido a la sede episcopal de Jaca en 1780, de donde fue trasladado a la de Ávila cuatro años más tarde. Ordenó a todo el clero de la diócesis que en las conferencias semanales, que se celebraban con carácter obligatorio, se leyera una de las primeras obras de Joaquín Lorenzo Villanueva, concretamente la titulada De la obligación de celebrar el santo sacrifico de la misa con circunspección y pausa, que el futuro diputado le había dedicado a él y a otros prelados. Falleció en la ciudad castellana en 1796.

Otros eclesiásticos que nacieron también en la provincia son: Andrés Marcos Burriel, jesuita natural de Buenache de Alarcón, uno de los más importantes legalistas de la época, y destacado por Juan Sempere y Gaurinos como uno de los que fueron comisionados para reconocer los papeles del archivo de Toledo; Alonso Cano y Nieto, trinitario de Mota del Cuervo, fundador de escuelas de primeras letras y también de otras entidades de carácter caritativo, como el hospicio y la casa de la misericordia, desde su cargo de obispo de Segorbe (Castellón); Jácome Capistrano de Moya, de Hontecillas o de Pinarejo según los diferentes autores, investigado por la inquisición conquense en 1801 por algunos escritos suyos en defensa del sínodo de Pistoya[21], presbítero destinado en Fuente de Pedro Naharro, uno de los primeros en defender la situación de la ciudad romana de Segóbriga en las ruinas de Cabeza de Griego, cerca de Saelices; Francisco Antonio Fuero, de Cañizares, canónigo de la catedral de Cuenca y uno de los iniciadores de la arqueología conquense en sus trabajos sobre la situación de las ruinas romanas de Ercávica; Ángel Gregorio Pastor, de Horcajada de la Torre, que simultaneó sus estudios de teología con sus investigaciones en los campos de la física, la electricidad, las matemáticas y el derecho, y que fue catedrático de la universidad de Alcalá de Henares; Alonso Núñez de Haro y Peralta, de Villagarcía del Llano, obispo y virrey de Méjico, donde fundó colegios, además de un hospicio, un hospital y una inclusa; Diego Antonio de Parada y Vidaurre, natural de Huete, catedrático de la universidad de Salamanca y arzobispo de Lima, donde renovó toda la diócesis; Juan Bernardino Rojo, de Gascueña, religioso que investigó en el tema de las piedras preciosas.

2.- El primer liberalismo

Las primeras décadas del siglo XIX se caracterizan por un cierto enconamiento ideológico entre los defensores de un incipiente liberalismo, que en estos momentos está naciendo en el seno de la sociedad, y las élites que aún se mantienen ancladas en el Antiguo Régimen. Si se estudia con detenimiento la personalidad de muchos de los eclesiásticos ilustrados, se puede apreciar que existe un cierto continuismo entre este movimiento, propio de la segunda mitad del siglo XVIII, y el primer liberalismo, como lo demuestra para el caso conquense la figura de Juan Antonio Rodrigálvarez, integrante de la tertulia ilustrada de la condesa de Montijo en el siglo XVIII, y destacado liberal en la centuria siguiente. No es éste el único ejemplo de ello; el valenciano Joaquín Lorenzo Villanueva es otra muestra de lo que acabo de decir, y si bien no ha sido citado en el apartado anterior, no es mas que por el hecho de que su relación con la diócesis conquense no llegaría hasta la década de los años veinte del siglo XIX, cuando fuera nombrado canónigo del cabildo catedralicio.

No se puede obviar que el religioso Joaquín Lorenzo Villanueva fue durante algún tiempo canónigo de Cuenca, aunque su influencia entre los miembros de la Iglesia conquense fue realmente escasa[22]. Nacido en Játiva en 1757, se caracterizó desde muy pronto por un espíritu jansenista e ilustrado. Emilio La Parra lo incluye en el grupo valenciano de Gregorio Mayans[23]; por su parte, Juan A. Sánchez Belén afirma que en 1810, durante su estancia en Cádiz, fue miembro de la Capilla Real de la Regencia[24]. Fue diputado por Valencia en las Cortes de 1810, en las que demostró su carácter abiertamente liberal en el turbio asunto del obispo de Orense, que se había negado a prestar juramento de reconocer la soberanía nacional, para quien propuso el valenciano una obligada reclusión monástica que sin embargo en último momento no llegó a votar.

Se mostró a favor, en febrero de 1811, de la exacción de la plata sobrante de los obispados españoles, en beneficio de las necesidades del Estado, aunque era partidario de que fueran los propios obispos los que la regularan. También formó parte de la comisión eclesiástica que en agosto de aquel mismo año presentó a las Cortes un dictamen que debía regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado, caracterizado según Fernández de la Cigoña por un exaltado jansenismo. Publicó sus memorias sobre este periodo de su biografía en el libro Mi viaje a las Cortes de Cádiz. Fernández de la Cigoña, injustamente, le califica como una figura de carácter variable, sin tener en cuenta que, en realidad, su ideología jansenista estaba ya presente desde los primeros años de su vida. Desde luego, lo que sí está claro en la personalidad de Villanueva es su posición antirromanista, hecha pública en algunos libros suyos, como las Cartas a Roque Leal y, sobre todo, su  Política eclesiástica contra Monseñor Nuncio y Política eclesiástica sobre el juramento de la obediencia[25].

Junto a esa doble faceta de político y eclesiástico, siempre hay que tenerlo en cuenta, destaca también como escritor y polemista. Habiendo sido encarcelado durante el  primer sexenio absolutista, ya en los años del trienio reapareció como una de las tres grandes figuras del nuevo regalismo español, junto a Félix Amat y a Juan Antonio Llorente. En 1822 elaboró un plan para reformar la Iglesia, en el cual “facultaba al gobierno para llegar a un acuerdo con el papa y con los obispos cuando se juzgara conveniente, lo que era abrir una vía para un posible concordato. Pero este plan parecíales a los más exaltados demasiado generoso, y lograron diferir la discusión”.[26]

Después de todo esto, no resulta extraño para el historiador la negativa de la Santa Sede a aceptar el nombramiento que el Gobierno le había hecho como embajador de España ante el papa, negativa que provocó la expulsión del nuncio, Giacomo Giustiniani, en febrero de 1823. Así pues, el canónigo Villanueva se vio obligado a regresar desde Italia, escribiendo en Génova una de sus obras más polémicas, un largo poema compuesto por ochenta y un tercetos[27], que fue reimpreso en Murcia en abril de 1823, ciudad en la que fue obsequiado junto a su hermano en la Sociedad Patriótica, en un acto polémico, con el deán de la catedral, Blas de Ostolaza, de ideología absolutista, escapando por los tejados de las casas cercanas de una muerte de la que en determinados sectores de la ciudad se acusaba a los hermanos Villanueva, acto que recogen tanto Gil Novales[28] como Francisco Candel[29]. Recuperado el poder por los absolutistas, se vio obligado  a exiliarse en Gran Bretaña, aunque allí tampoco fue bien acogido por el grupo de exiliados españoles que le habían antecedido en su destino. Falleció en Dublín en 1837.

En la educación ilustrada y regalista de Joaquín Lorenzo Villanueva, como en la de su hermano Jaime, con quien colaboró en diferentes empresas literarias y entre ellas, la más importante de todas, el Viaje literario a las iglesias de España, tuvo gran influencia la profesión de su padre, encuadernador de libros en la villa valenciana de Xátiva, al igual que los estudios realizados en la facultad de Artes de la Universidad de Valencia, en donde ingresó a la temprana edad de doce años. Allí se graduó en esta disciplina en 1774, y dos años más tarde obtuvo también el doctorado en teología. Su ideología de carácter avanzado terminó de desarrollarse a partir de 1777, cuando opositó para magistral de púlpito en la catedral de Orihuela, “llamado por el obispo José Tormo, procedente del círculo tomista valenciano, y que había llegado a la ciudad del río Segura cargado de ideas regalistas y antijansenistas”[30] Sin embargo, al no poder obtener la plaza por no haber alcanzado aún la edad mínima para desempeñarla, fue nombrado por el prelado profesor del seminario orcelitano de San Miguel.

La obra más destacada de los hermanos Villanueva fue, como se ha dicho, el Viage literario por las iglesias de España, que es en realidad un completo trabajo sobre los orígenes y el desarrollo de la liturgia y la disciplina ritual de la primitiva Iglesia española. De esta forma, en sus veintidós volúmenes publicados, algunos de ellos a mediados del siglo XIX, muchos años después de que ambos religiosos hubieran fallecido, es al mismo tiempo que un repaso histórico por las diferentes diócesis catalanas, valencianas y baleáricas (el plan inicial de la obra pretendía ocuparse de todas las diócesis de España), una tesis realizada con el fin de fundamentar y legitimar los principios regalistas de la Iglesia en España. No es de extrañar, pues, que las críticas coincidan en afirmar que se trata de una obra realizada bajo el prisma de la Ilustración[31].

Germán Ramírez Aledón afirma que Villanueva fue nombrado canónigo de Cuenca en 1809, cuando se encontraba en Sevilla, formando parte de la comisión eclesiástica encargada de estudiar las cuestiones que debían ser tratadas en las Cortes que ya entonces se estaban preparando[32]. El nombramiento se recogió en el acta del cabildo correspondiente al día 22 de septiembre de ese año, aunque la toma de posesión efectiva no se realizó hasta el cabildo del 5 de febrero del año siguiente, siendo su apoderado en el acto el chantre de la catedral. Ocupó la canonjía que había dejado vacante Juan José Fenaxa Lerín. Poco tiempo más tarde, y según recoge también el citado Germán Ramírez Aledón, el 30 de abril de 1810 enviaba desde su ciudad natal, Játiva, una carta al cabildo conquense, en la que le informaba de su nombramiento como diputado a Cortes por Valencia, y se ofrecía para “quanto juzgue oportuno”[33].

Todo parece indicar, por lo tanto, que Villanueva no llegó a ocupar de hecho su canonjía en persona hasta después de haber terminado su cautiverio en La Salceda, a donde fue enviado por orden de Fernando VII durante los años del sexenio. En sus memorias recogió sus deseos de marchar a Cuenca en 1814, una vez disueltas las Cortes[34]; sin embargo, no dudó en ponerse antes en manos de sus perseguidores absolutistas, los cuales procedieron a su arresto. Por fin, llegó a Cuenca en 1820, restituido en el poder el partido liberal y libre él también de su cautiverio[35].

Poco tiempo iba a permanecer sin embargo en la ciudad del Júcar, pues enseguida volvió a ser nombrado diputado a Cortes, pero sí el suficiente para escribir aquí una impugnación a la Apología del Altar y del Trono, del religioso absolutista fray Rafael Vélez[36]. Queda abierta la posibilidad de una segunda residencia en Cuenca después de su fracasado intento por representar al gobierno liberal en la corte del Sumo Pontífice, y antes de su definitivo exilio a las islas británicas. Por un lado, así parece indicarlo esa mención a las dos temporadas de que el literato y religioso valenciano hace mención en sus memorias, y por otro, por una pequeña referencia que vuelve a hacer al final de éstas[37]. En el libro de provisiones a curatos, canonjías y dignidades, que se halla también en el archivo diocesano de Cuenca, se dice que fue desposeído de su cargo en la diócesis conquense tras su exilio a las islas británicas, siendo sustituido por Juan Sáez Gamboa[38].

Entre los eclesiásticos liberales que nacieron en la diócesis de Cuenca destaca por su especial relevancia Nicolás García Page. Éste había nacido en 1771 en Ribagorda,  pequeña población en la comarca del Campichuelo[39] Después de haber terminado sus estudios eclesiásticos en el seminario conquense, fue nombrado en 1799 catedrático de Filosofía en este centro educativo, y dos años más tarde, catedrático de Física y Química Experimental. Finalmente, ya en 1804 obtuvo por oposición la cátedra de Teología Moral, siendo dos años más  tarde nombrado párroco en la iglesia de San Andrés, en la capital de la diócesis[40].

Elegido como uno de los diputados que deberían representar a Cuenca en las Cortes de Cádiz, su labor allí fue bastante importante, formando parte del grupo de diputados liberales, y de diversas comisiones, entre ellas las de Ultramar y de Instrucción Pública. Formando parte de ésta última, el 9 de diciembre de 1813 presentó al conjunto de las Cortes una serie de cinco proposiciones para mejorar este aspecto de la sociedad, tan abandonada por el poder civil en los años del Antiguo Régimen. Exigía en ellas la preparación de un plan uniforme, solicitaba asimismo que hasta la preparación de este plan pudiera regir el que en su día había preparado el afrancesado marqués de Caballero, que había sido Ministro de Gracia y Justicia. Asimismo, propugnaba la extensión de dicho plan a los centros educativos propios de la Iglesia, incluidos los seminarios, obligando a éstos a dar cuenta al Gobierno de su puesta en ejecución. Finalmente, solicitaba la publicación de un nuevo catecismo nacional, que debería ser aprobado por una comisión formada  por seis obispos, y solicitaba además el establecimiento de una junta de censura para la corrección de costumbres, que debería depender del poder civil.

Dos días más tarde se admitieron a discusión las cuatro primeras proposiciones, acordándose que fuera trasladado el debate, para su aprobación definitiva, a la propia Comisión de Instrucción Pública. Aunque se puede tildar este hecho como de intromisión del Estado en las competencias de la Iglesia, es importante no olvidar el carácter eclesiástico del autor de estas cinco proposiciones. Además, y a pesar del carácter confesional de la propia Constitución de 1812, la sociedad laica en la que la nueva España se pretendía convertir exigía que la instrucción de la sociedad en su conjunto no estuviera en manos del poder eclesiástico, como hasta entonces había ocurrido, sino en las del poder civil, que la quería hacer residir en el propio pueblo.

Una vez terminada la Guerra de la Independencia y ocupado otra vez el trono por Fernando VII, los liberales fueron violentamente reprimidos por un monarca que pretendió hacer tabla rasa de todo lo aprobado por las Cortes. Como ejemplo de las medidas represivas impuestas, se encuentra la orden de arresto de veinticuatro diputados que debía llevar a efecto el General Eguía, entre los que se encontraba Nicolás García Page[41].  tras recibir el decreto que contenía su condena por sus actividades políticas[42], fue detenido junto al diputado madrileño José Zorraquín, al presentarse ambos de forma voluntaria ante la justicia, siendo encarcelado en Madrid durante cerca de un año[43]. Confiscados todos sus vienes y rentas, fue trasladado al convento de franciscanos observantes de la localidad alcarreña de La Saceda (Guadalajara)[44], donde compartió reclusión durante sesis años con el valenciano Villanueva, canónigo de la catedral de Cuenca[45]. Allí recibió diversas visitas del propio obispo de Cuenca, Ramón Falcón y Salcedo, aunque la queja más habitual del religiosos siempre consistió en el escaso aprecio que dispensó en estas ocasiones tanto a él, como al propio García Page[46].

Tras ser liberado en 1820 gracias al triunfo de Riego, su figura fue exaltada por el Cuerpo de Ingenieros Zapadores, que le visitó en la localidad de Alcalá de Henares. Igual reconocimiento recibió, junto a otros políticos liberales, por la Sociedad Patriótica de Amigos de la Libertad, que poco tiempo antes había sido fundada en el madrileño café de Lorenzini. En esos años fue nombrado canónigo de Cuenca[47]. Ya durante los años del Trienio, el gobierno liberal le premió con un canonicato en Cuenca, siendo provisto por rey Fernando VII el 15 de junio de 1820[48]. No pudiendo asistir él personalmente a la toma de posesión de su nuevo cargo, otorgó poder en Madrid al párroco de la iglesia de San Gil para que lo hiciera en su nombre. Algunos días más tarde, el canónigo Segundo Cayetano García, uno de los que varios años más tarde sería procesado por su ideología liberal, fue quien lo hizo el 26 de junio de ese año, previo jurante de guardar la Constitución[49].Se trata del último nombramiento del período que fue recogido en el libro de provisiones que había sido iniciado a prncipios de siglo, durante el mandato del obispo Antonio Palafox[50]; a partir de esete momento hay un paréntesis, obligado por orden gubernativa, que se termina en 1824, fecha en la que se reabre el mismo libro de ordenaciones[51].

[52][53].

A pesar del duro cautiverio sufrido por el religioso conquense en los años anteriores, volvió a la política, al ser elegido de nuevo en 1820 como Diputado a Cortes por la provincia. Ello le provocaría en los años de la “década ominosa” nuevos sufrimientos. Así, ya antes de que el liberalismo hubiera sido derrotado, fue atacado por una partida de exaltados realistas, que le condenaron a muerte, aunque logró escapar con la ayuda de un regimiento de soldados liberales, del cual fue capellán. Cercado el ejército leal al Gobierno liberal en Cádiz, y dándose cuenta de que las esperanzas de triunfo para esa ideología estaban de momento perdidas, emigró primero a Francia, y más tarde a Inglaterra. El 13 de septiembre de 1824, el cabildo conquense le denegó la canonjía que durante el Trienio le había dado, nombrando para sustituirle a Bartolomé Garcimartín y Lalastra[52]. Un opúsculo de carácter liberal titulado Condiciones y semblanzas de los Diputados a Cortes para la legislatura de 1820 y 1821, publicado en Madrid en 1821, dice del conquense lo siguiente: “Clérigo franco, clarito, valiente y despreocupado. Hiere bien las dificultades; habla liso y llano; no gusta de echarse a dormir a humo de pajas, y siempre se tira al grano, a la sustancia, al trigo, al higo, al garbanzo. Si le irritan, llega a ser elocuente; y donde va, levanta chichones. Venera a San Ignacio de Loyola como el que más, pero no las máximas de sus hijos; de modo que difícilmente podría hallarse un centinela más despierto contra el jesuitismo, ni tampoco otro a quien le cayesen mejor los capisallos de obispo.”[53]

Vuelto a España por fin en 1834, una vez recuperado el poder por los liberales tras la muerte de Fernando VII, fue nombrado abad de Santa Leocadia, dignidad de la archidiócesis de Toledo, y Visitador de los hospitales y establecimientos benéficos, siendo también el responsable de la organización del Hospital General de Madrid. Dos años después fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Eclesiásticas, falleciendo ese mismo año de 1836. En el libro de pleitos del Tribunal diocesano, hay una noticia importante sobre el fallecimiento de esta figura del liberalismo conquense: en 1840 se adjudicaba a Santos Page la capellanía colativa que en la iglesia parroquial de Ribagorda había fundado Juan Page Collados, y que se hallaba vacante por el fallecimiento de su anterior propietario, nuestro religioso liberal[54].

No fueron Joaquín Lorenzo Villanueva y Andrés García Page los únicos religiosos liberales que ocuparon algún cargo eclesiástico o político en este tiempo de enfrentamiento. Hay que destacar al grupo eclesiástico entre los miembros de la Junta de Censura de Cuenca, creada en 1811 a partir de lo que se había decretado en las propias Cortes. Tres de sus miembros eran eclesiásticos: Manuel Fernández Manrique, canónigo lectoral de la catedral; Ignacio Fonseca; y sobre todo el maestrescuela Cristóbal Amat, quien fue también el encargado de pronunciar en 1813, en la iglesia de San Felipe, la oración fúnebre por los patriotas muertos en Madrid cinco años antes. Fermín Caballero destaca de él su gran capacidad como orador. Asimismo, en la renovada junta de 1813 figuraban por el estado de los eclesiásticos, el racionero de la catedral, Antonio Forriol, y el presbítero de la iglesia parroquial de San Juan, Nicolás Noriega; éste último debe ser el mismo que en la documentación inédita del Archivo Diocesano se cita como Nicolás Escolar y Noriega, a quien a partir de 1823 se le abrió expediente en el Tribunal de Curia por su ideología liberal. Así mismo, el miembro suplente de la junta por el sector eclesiástico era Juan José Aguirre, a quien también se le incoó expediente después del Trienio por su relación con el partido liberal.

He hablado ya de Santos Page, sobrino del diputado Nicolás García Page, quien fue excluido del concurso parroquial en la diócesis toledana en 1823. Había sido ordenado de menores en 1817, y a pesar de que el Provisor diocesano de Cuenca no había podido exponer nada contra él, informes llegados desde la vecina diócesis de Sigüenza “le culpaban de ser sobrino carnal del diputado liberal y cura de Cuenca, D. Nicolás García Page”, según recoge Higueruela del Pino[55]. No obstante, esa relación carnal con un conocido liberal no le privó, ya a finales de la década, de poder recibir las órdenes mayores, de Epístola, Evangelio y Misa, en 1827, 1828 y 1829, según recoge el libro registro del Tribunal de Curia Diocesana. Este fue primero militar en los convulsos años de 1822 y 1823, y después destacado religioso, hasta llegar a combinar ambas profesiones al ser nombrado párroco castrense, primero en el cuerpo de Guardias de Corps y más tarde en el de Húsares de la Princesa; su carácter liberal también quedó de manifiesto al ser nombrado por el político progresista conquense Fermín Caballero, a la sazón ministro de Gobernación, oficial subalterno de la Biblioteca Nacional

Habría que destacar también a algunos eclesiásticos que desde el liberalismo representaron a la provincia de Cuenca en las Cortes de Cádiz. Ya se ha mencionado más arriba al más importante de ellos, Nicolás García Page. También pertenecían al estamento eclesiástico Felipe Miralles y Juan Antonio Domínguez. El primero era canónigo de la catedral y de tendencia liberal. Fue éste también uno de los que juraron su cargo el 24 de octubre de 1810. Sin embargo, apenas cinco meses más tarde, en la sesión del 31 de marzo del año siguiente, se daba cuenta de su fallecimiento, así como de que su sustituto, el ilustrado militar Fernando Casado Torres, no se había podido presentar por hallarse en país ocupado. La situación se complicó aún más por el hecho de que el segundo suplente, Pedro Pinuaga, también había fallecido. El problema se saldó con el nombramiento de José Lucas Ortega como diputado[56].

También es compleja la filiación personal, no ideológica por cuanto también está contrastado su carácter liberal, del cuarto diputado de las legislaturas de 1813 y 1814, Juan Antonio Domínguez, que otros historiadores llaman Juan María Domingo o Juan María Domínguez. No obstante, las propias actas, tanto las correspondientes a este periodo como las de las Cortes del Trienio Liberal, de las que también fue diputado, resuelven una vez más el problema; se trataba de la misma persona. Juró su cargo en la sesión correspondiente al día 5 de octubre de 1813.

Finalmente, hay que citar también a algunos eclesiásticos liberales que sirvieron en el bando afrancesado. Mariano Agustín, canónigo de Cuenca, asistió con cierta asiduidad a las reuniones de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País[57]. Si tenemos en cuenta el carácter afrancesado de muchos de sus miembros, así como el hecho de que las fases más duras de su historia coincidieron precisamente con los años en que el rey José estuvo fuera de la capital, parece desprenderse que también el sacerdote del cabildo conquense participaba de esta ideología, si no de forma activa, si al menos como simpatizante de ella. El mismo autor menciona también a Antonio Piñeiro, arcediano de Cuenca, que fue uno de los más de doce mil españoles que se vieron obligados a abandonar el país tras la derrota de las tropas francesas[58].

Leandro Higueruela del Pino, en su estudio sobre la archidiócesis de Toledo, señala también como afrancesado a Pedro Estala, presbítero, exregular, canónigo de Cuenca y de la colegiata de Almagro, redactor de la gaceta del Gobierno intruso, y masón, donde llegó a alcanzar el tercer grado. En compañía de otros religiosos, entre ellos José de Salcedo y Jaramillo, se vio obligado a abandonar el país y huir a Francia. Éste, canónigo de Toledo, había nacido en Tarancón a mediados de la centuria anterior, y en los años anteriores había sido administrador de los bienes de la mitra; amigo de Juan Antonio Llorente, pertenecía también a la logia masónica de Santa Julia, que se había establecido en Madrid en esa época[59].

3.- Cuenca en el Trienio Liberal

           También entre los diputados conquenses del Trienio aparecen algunos miembros de la Iglesia. En las primeras legislaturas figuran algunos miembros que ya fueron diputados en los años de las Cortes de Cádiz: Juan Antonio Domínguez y Nicolás García Page. Entre los representantes de la última de las legislaturas del periodo, la de 1822, destaca la figura política de otro eclesiástico, Nicolás Escolar, que fue también uno de los vocales de la primera Diputación provincial y más tarde, a partir de 1823, sufriría las represalias de los absolutistas, siendo uno de los religiosos expedientados por el tribunal diocesano de curia por sus ideas políticas.

En los primeros meses de 1823 se abría un expediente de oficio contra varios sacerdotes destinados en Sisante,  el párroco Tomás García Pérez y sus tenientes Juan Martínez Chacón, Juan Francisco Herrera, Juan Carvajal y Pedro Antonio Roda, por suponérseles cómplices de un proyecto de conspiración contra el sistema liberal. Estos fueron conducidos antes a La Roda, capital del partido judicial al que entonces pertenecía este pueblo de la Manchuela, con el fin de obligarles a que prestaran declaración  ante el tribunal de primera instancia. El expediente enlaza sin duda con otro documento de 1820, y que refleja ciertos problemas entre el párroco de este pueblo de la Manchuela y algunos revolucionarios, que llegaron incluso a entrar armados en el convento de clarisas[60].

Declarados desde un primer momento culpables por Francisco de Paula Pérez, Juez de Partido, fue el propio Cayetano Izquierdo, Jefe Político de Cuenca, quien presionó para obtener la sustitución de estos religiosos por otros que fueran más partidarios de la ideología liberal. Sin embargo, en marzo de 1823 todos ellos eran declarados inocentes por auto del Provisor eclesiástico.

            Por lo que se refiere en concreto al conjunto de eclesiásticos represaliados en la diócesis de Cuenca a partir de la victoria absolutista de 1823, cuya documentación, bastante interesante, se conserva entre los fondos del Archivo Diocesano, los procesos abiertos pueden ser divididos en dos grupos claramente diferenciados, aunque a la hora de la verdad los efectos provocados en los sacerdotes expedientados fueran en esencia similares. Por una parte, los religiosos acusados de pertenecer a la sociedad secreta de los Comuneros, célula que debió resultar muy activa en una pequeña ciudad de provincias como Cuenca, si tenemos en cuenta por lo menos la documentación conservada en los fondos de la sección de Audiencia de dicho archivo; por otra parte, los que fueron acusados sólo de haber participado en algunas actividades públicas, llevadas a cabo por los miembros de la ideología liberal, o en defensa de ésta.

Tanto en un caso como en el otro, las primeras averiguaciones fueron llevadas a cabo por el general Jorge Bessieres, cuando ocupó militarmente la capital de la diócesis; éste solicitó y logró del obispo el permiso necesario para registrar hasta el último rincón de las iglesias de la ciudad. Como resultado de este registro pudo encontrar interesante documentación que, convenientemente requisada por sus tropas, permitió detener a un grupo relativamente numeroso de liberales, eclesiásticos y laicos. Creó entonces una junta con el encargo de juzgar a todos los detenidos, nombrando como notario de la misma a Felipe Ramírez de Briones, escribano de la ciudad.

            Entre los eclesiásticos acusados de formar parte de la sociedad secreta de los comuneros figuraba Manuel Molina, capellán de coro de la catedral, natural del pueblo cercano de Poveda de la Obispalía[61]; a este lugar es a donde se había trasladado la Junta Suprema de Cuenca en 1810, cuando la ciudad había sido tomada por las tropas francesas. A pesar de que en su declaración negó haber pertenecido a la comunería, las tropas de Bessieres le habían incautado sellos y diferentes papeles comprobatorios del delito.

Los otros dos expedientes incoados contra sacerdotes comuneros dan alguna información más completa sobre la actividad de esta sociedad secreta en la capital de la provincia. Uno de estos eclesiásticos es Isidro Calonge, religioso mercedario exclaustrado, natural de Campo de Criptana, en la provincia actual de Ciudad Real, al cual se le habían retenido también algunos efectos que el sacerdote tenía en su poder, y que eran propios de la sociedad, y entre ellos los libros de ésta y un sello. Consecuencia de ello, se había visto obligado a pasar algunos meses retenido en las cárceles públicas de la ciudad, de las que salió tras el exhorto librado por el Provisor de la diócesis el día 27 de abril de 1824.

Pero el expediente que más datos nos aporta es el abierto contra Juan José Aguirre, racionero de la catedral[62]. Éste se inicia con el testimonio de confesión del propio eclesiástico, tomado ante la Junta creada por el general Bessieres, para tratar sobre los acuerdos referidos a los conquenses acusados de liberales y de comuneros[63]. En el testimonio, fechado el 11 de julio de 1823, el acusado, natural de la aldea de Gellano, dependiente de la villa guipuzcoana de Eskoriatza, Doctor en Teología por la universidad de Oñate[64], miembro de la comisión encargada de la custodia y administración de las dehesas propias del cabildo catedralicio, reconocía entre otras cosas que, como era su obligación, y había hecho antes el propio obispo de la diócesis, había jurado la Constitución aprobada por el Gobierno del Trienio, periodo en el que había sido nombrado miembro de la Junta de Beneficencia de la diócesis, así como elector parroquial.

Reconocía asimismo que en una de las habitaciones inmediatas a la capilla de Caballeros, una de las más importantes y suntuosas de la catedral había guardado en los años del gobierno constitucional algunos efectos y documentación, del todo punto inocente según el propio declarante, aunque una vez encontrada allí por los soldados absolutistas de Bessieres, sirvieron de prueba en la causa abierta contra el sacerdote. Entre esos efectos destacaban algunos libros “dudosos”, y entre ellos los titulados El Citador y Las ruinas de Palmira, libros que Aguirre declaraba no haber leído, y ni siquiera tener noticia de ellos; sobre todo el asunto se defiende aduciendo que esos documentos deberían ser propiedad de Eusebio Rubio, medio racionero de la catedral, ya fallecido en esos momentos, cuya familia había guardado también en ese mismo lugar algunos efectos que habían sido propiedad suya.

Junto a estos cuatro religiosos, acusados de comuneros por las instituciones absolutistas y por el propio tribunal diocesano, otro numeroso grupo de eclesiásticos del obispado conquense formaron parte a su pesar de la causa general abierta contra el conjunto de los liberales conquenses. Este grupo, como ya he dicho muy numeroso si se compara con la situación real de Cuenca y su obispado en aquellos momentos (según se desprende de la documentación conservada estaba formado en su inicio por algo mas de cien personas, entre religiosos y seglares), comprendía en su seno a un total de diecinueve eclesiásticos; se mencionan individualmente los siguientes: Segundo Cayetano García y Juan Nepomuceno Fuero, canónigos de la catedral; Francisco González y Vicente Ayllón, prebendados de ésta; Gabriel José Gil, dignidad de Tesorero; José Frías, Capellán de Coro; Prudencio del Olmo, presbítero destinado en la iglesia parroquial de San Miguel; Valentín Collado Recuenco, en la de Santa María; Nicolás Escolar y Noriega, en la de San Juan; Manuel Lorenzo de Cañas, en la del Salvador; Francisco Anguix, beneficiado de la de San Andrés y Jerónimo Monterde, rector de la casa de la Misericordia. Junto a todos ellos, y sin abandonar la capital de la diócesis, hay que incluir también algunos otros, de los cuales sólo se menciona su calidad de presbíteros: Bernardo Pérez, Manuel Salcedo, Nicolás María Grande, Paulino de Julián, Víctor Martínez y Sebastián Villegas[65].

El proceso general fue iniciado ya en julio de 1823, poco tiempo más tarde de que fuera tomada la ciudad por las tropas realistas de Bessieres. La Junta de Seguridad Pública creada por éste incoó, sin pérdida de tiempo, un proceso contra el conjunto de los liberales conquenses, eclesiásticos y laicos, quienes por orden del aventurero francés fueron internados en la cárcel pública de la ciudad y en la de la Inquisición. No obstante, los religiosos detenidos a su vez fueron trasladados al tribunal diocesano, solicitando que, tal y como les correspondía por su propio fuero, pudieran ser juzgados por ese tribunal. A esta petición le siguió un primer informe del fiscal diocesano, el licenciado Tomás Antonio Saiz, según el cual, al tribunal diocesano no le constaba aún el hecho de que los religiosos firmantes de la petición estuvieran en prisión preventiva, así como tampoco los motivos de esa prisión, instando al propio tribunal a que enviara un exhorto a la Junta para que el tribunal fuera informado adecuadamente del asunto.

Como contestación a este exhorto del tribunal diocesano, la Junta de Seguridad Pública enviaba el 18 de agosto un escrito al propio fiscal diocesano, informando que el arresto de todos los religiosos citados había sido decretado por el general Bessieres, quien también había ordenado su traslado al Seminario Conciliar. Pocos días mas tarde, el 3 de septiembre, estaba fechado un primer auto del Provisor diocesano, según el cual se prohibía a todos los eclesiásticos acusados que salieran de la ciudad sin permiso previo, así como que pudieran ejercer el ministerio eclesiástico. Estas quejas se reprodujeron otra vez, ahora por el hecho de que los guardias que prestaban servicio en el seminario no les dejaban recibir visitas con regularidad. estas quejas que fueron contestadas por el tribunal diocesano con un nuevo decreto, firmado éste el 6 de junio, en términos no demasiado favorables para los religiosos[66].

Otro foco importante de liberalismo dentro de la diócesis conquense fue Iniesta. El 17 de septiembre de 1823 el obispo, Ramón Falcón y Salcedo, ordenaba la retención del presbítero Francisco de Burgos, destinado en esta villa de la Manchuela, porque dicho sacerdote “ha manifestado la mayor exaltación por el sistema constitucional, que se alistó por individuo de la milicia voluntaria, que a su cabeza proclamó al general Riego, que persiguió a los realistas que se hallaban en Minglanilla al mando del comandante don Bartolomé Rausel, que con una pistola[67] quitó la vida a uno de ellos en estado de estarle pidiendo le confesase.”[68]

También en Iniesta estaban destinados los sacerdotes Joaquín Blanes, Pedro Tórtola, Antonio Armero García y Pedro Ortiz, procesados de forma conjunta en otro expediente del mismo tribunal[69]. Estos sacerdotes habían sido separados de su cargo también en el mes de agosto de 1823, aunque en el mes de febrero de 1825 el expediente no había llegado aún a manos del tribunal diocesano[70]. Así pues, los cuatro encausados solicitaron al obispo, que era quien había ordenado retirar temporalmente las licencias sacerdotales de estos, que enviara al tribunal los antecedentes relativos a dicha suspensión, antecedentes que, una vez recibidos por éste, permitieron que se iniciase por fin la causa contra ellos.

            Otro presbítero expedientado por el tribunal eclesiástico debido a su ideología fue Manuel de Julián, natural de Collados y teniente de cura de la iglesia parroquial de La Cierva[71]. En este caso el sacerdote, al que se acusaba también de haber pertenecido a sociedades secretas, fue indultado sin dificultad por el provisor[72], quien con fecha 20 de febrero de 1826 devolvió al religioso todas las licencias propias de su oficio, licencias que habían sido limitadas por el tribunal dos años antes sólo a la propia de celebrar el sacrificio de la misa.

             El último sacerdote expedientado[73] fue Cecilio Martínez Hidalgo, natural de Valera de Abajo, destinado en Gascueña[74], quien había sido desprovisto de su curato por decreto del obispo en 1824, por ser uno de los religiosos nombrados en la lista confeccionada por la Junta Reservada de Estado. Esta institución era la encargada de realizar a finales de 1823 las listas de comuneros como punto de partida para iniciar la represión contra ellos, “algunos de cuyos datos han de ser considerados con algunas reservas.”[75]

4.- Conclusiones

De la documentación estudiada se desprende que, como sucedió también en el vecino obispado de Sigüenza[76], las autoridades eclesiásticas de este periodo no fueron demasiado duras con este tipo de delitos. El motivo de esta excesiva debilidad en los autos del provisor, independientemente de la personalidad de estos, lo encontramos en la levedad de los delitos enjuiciados, y que estos se limitaran en realidad, como afirmó alguno de los acusados, a seguir el ejemplo del propio prelado de la diócesis, quien también había jurado la Constitución como lo hicieran asimismo la mayor parte de los obispos españoles. De todas formas, no está de menos el considerar que esa levedad de las sentencias estaba en parte provocada también por el espíritu corporativista que siempre ha caracterizado a la jerarquía eclesiástica, y el juicio de Francisco de Burgos, acusado éste sí de asesinato, cometiendo por ello un delito de cierta gravedad, y que tampoco significó a pesar de todo ninguna condena importante para el sacerdote, es una prueba definitiva de ello.

Así mismo, se rechaza la tesis de una ciudad y una diócesis monolítica, anclada aún demasiado en el Antiguo Régimen, reaccionaria ante las nuevas ideas propias de las etapas históricas anteriores; por lo menos en lo que se refiere a las tres primeras décadas de la centuria. Sería a partir de entonces, tras la llegada a la capital episcopal de otros prelados que tenían una ideología política mucho más marcada, y progresivamente reaccionarios, cuando la tendencia de toda la jerarquía eclesiástica conquense osciló más en esa dirección. Primero fue Jacinto Rodríguez Rico (1826-1847), quien había sido en 1812 diputado a las cortes de Cádiz, y dos años más tarde uno de los firmantes del famoso “manifiesto de los persas” a favor del absolutismo. Fernando VII le premió en los años siguientes con varios cargos, culminando su carrera eclesiástica en 1826, tras el fallecimiento de Ramón Falcón y Salcedo, con el obispado de Cuenca. Muerto el monarca en 1833, y recuperado el poder por los liberales, vio limitadas sus actividades por disposición gubernativa, aunque permaneció hasta su fallecimiento en su sede, sin sufrir ningún tipo de violencia por parte del Gobierno.

Los siguientes obispos conquenses se caracterizaron por una ideología política aún más reaccionaria, cercana a los postulados carlistas. Fermín Sánchez Artesero (1849-1855), religioso capuchino, se encontraba en Roma en 1835, como delegado de las provincias capuchinas españolas al capítulo general de la orden, lo que fue aprovechado durante la primera guerra carlista por los defensores del pretendiente como embajador oficioso de sus tesis ante la Santa Sede. Se constituyó así en un importante agente, que influyó en la visión  que desde Roma se tenía del conflicto bélico. Por lo que se refiere a Miguel Payá Rico (1858-1874), fue también un destacado tradicionalista, que en 1865 publicó en el Boletín Eclesiástico de la  Diócesis de Cuenca, cuya creación él mismo había impulsado poco tiempo antes, el Syllabus, el manifiesto contra el liberalismo firmado por el papa Pío IX, advirtiendo además que la publicación tenía carácter oficial. Pocos años más tarde, durante el Concilio Vaticano II, fue uno de los más encarnizados defensores de la teoría de la infalibilidad papal.